En una parte de la prensa (y la radio) agraria, se han multiplicado estos últimos tiempos los ataques al funcionamiento del sistema de seguros agrarios en nuestro país. Palabras y expresiones tan duras como “el monopolio AgroSeguros”; “Agroseguro como un sistema mafioso”… aparecen frecuentemente e intentan hacer opinión.

El año ha sido complicado. Por solo poner algún ejemplo, casi el 60% de la superficie asegurada de cereales de invierno y leguminosas habría sufrido daños por heladas o sequía, con especial impacto en castilla y León. En el caso de la uva de vino, fueron las heladas de finales de abril y en el de los cítricos y las hortalizas las de enero y febrero. También se ha activado el seguro de compensación de pastos.

El año ha sido malo. Algunos argumentan, con cierta lógica, que la catástrofe es de tal magnitud que hay que ayudar, y mucho, a todos hayan asegurado sus cosechas o no. Pero una actuación indiscriminada de los poderes públicos sería una bomba de relojería contra el sistema de seguros agrarios.

Hay una clara contradicción entre la (por una parte)  lógica presión por actuar para responder a las exigencias políticas o sindicales del momento y la defensa estratégica del futuro de la agricultura española, defensa de la cual un buen sistema de seguros es una pieza esencial. Los dos principios básicos están claros, son conocidos aunque pueden ser también difíciles de mantener cuando  se desencadena el temporal: Lo que es asegurable no puede ser indemnizado. El no-asegurado no puede ser indemnizado.

Estos dos principios son, insistimos de nuevo, claves y deben ser respetados en toda la medida de lo posible. Siempre, en todo caso, tiene que haber una fuerte discriminación positiva para aquel que se ha asegurado. El día en que manifestarse sea una mejor manera de estar protegido que tomar el seguro, será el principio del fin (rápido) de los seguros agrarios en nuestro país.

Algunos dirán que soy juez  y parte ya que mi padre fue uno de los  más entusiastas partidario de incorporar los seguros agrarios a las negociaciones de los pactos de la Moncloa, en una curiosa pinza con el entonces ministro de Agricultura de la UCD, Jaime Lamo de Espinosa. Pero, después de haber pasado casi 30 años de mi vida profesional en Bruselas, me he convencido que nuestro sistema de seguros agrarios es una respuesta inteligente al desafío climático creciente al que está confrontado la agricultura de un país limítrofe con el desierto.

En una reciente comparecencia mía en el Comité Económico, Social y Medioambiental francés, varios consejeros subrayaron que nuestro sistema de seguros agrarios es una de las claves de la competitividad y la resiliencia de la agricultura española. Les respondí que sí, que es verdad, pero que es la respuesta que hemos sabido darnos para mantener una agricultura activa sobre el conjunto del territorio, cuando tenemos rendimientos cerealistas por ejemplo 4 o 5 veces inferiores a los suyos.

Tuve la impresión que, detrás de estos comentarios, había una cierta dosis de  envidia ante la consolidación del modelo español. Mientras en España, no faltan los que parecen dispuestos a tirar el niño con el agua del baño.

El sistema es mejorable, seguramente, como lo puede ser la formación y la empatía de ciertos peritos según cuentan a la prensa algunos de los siniestrados.. Si entrara en detalles e hiciera propuestas concretas, estaría hundiéndome en uno de mis muchos dominios de incompetencia. De hecho ha evolucionado constantemente desde su creación y ha sobrevivido dignamente a pesar de las tensiones presupuestarias de todos conocidos.

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios ha dado luz verde al Plan de Seguros Agrarios para 2018. No se incluyen cambios importantes en materia de coberturas de riesgos, más allá de un "perfeccionamiento y revisión de las líneas ya existentes". La novedad más importante es que el importe de las subvenciones que da el Ministerio de Agricultura se queda casi al nivel de hace dos ejercicios, lo que debería traducirse en un aumento de las primas a pagar.

Yo personalmente lo tengo claro. Según afirma Vidal Mate en su artículo de El Pais del 31 de octubre, parecería que “desde las compañías aseguradoras se indicó la necesidad de disponer de un incremento de las subvenciones en unos 50 millones de euros para no subir las primas a los contratantes”.

Tenemos señales claras de que la situación económica y presupuestaria del país está mejorando. Hoy mismo, acaban de revisarse al alza las previsiones de crecimiento del gobierno para el presente año 2017. Una de las prioridades para que esta mejoría sea sentida como tal por la sociedad, los agricultores en este caso, debería ser el reforzar en toda la medida de lo posible y lo necesario la financiación de nuestro sistema de seguros.

_{NB: Una primera versión de esta entrada de blog ha sido publicada en la revista Agronegocios del 29 de septiembre 2017}